Publicado el 26 de marzo de 2023 en: https://elordenmundial.com
Por Alejandro Salamanca Tw: @Desvelandorient
Las publicaciones académicas son una industria millonaria y desconocida fuera de la universidad. No pagan a sus autores y al mismo tiempo cobran cientos de dólares por acceder a sus artículos. Pero los Gobiernos, los repositorios de acceso abierto y cada vez más bibliotecas pirata buscan que el conocimiento sea libre.
El 6 de enero de 2011, la policía del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) arrestó a Aaron Swartz. Este programador y activista de veinticuatro años era conocido por haber desarrollado el formato RSS, para distribuir contenido en la web, y por haber impulsado Reddit, Creative Commons y la iniciativa Demand Progress por un internet abierto. Se le acusaba de haber descargado irregularmente millones de PDF de la plataforma JSTOR, un repositorio académico accesible desde los servidores de la institución.
No era la primera vez que Swartz tenía problemas con las autoridades por obtener información de internet. El FBI le había investigado en 2008 por descargar el 20% de la base de datos legal PACER. La página cobra por el acceso a sus documentos, pero había ofrecido sus fondos gratis en varias bibliotecas. Swartz aprovechó para descargar junto a un amigo unos 760 gigas de material. Más de un millón de páginas que donó al proyecto Law Resource, que trata de hacer accesible la documentación legal estadounidense.
El incidente acabó sin que el FBI presentara cargos, a pesar del estrés al que sometió a Swartz y su familia, pues el acceso a PACER no había sido ilegal. Por el contrario, la operación del MIT acabó con una demanda del juzgado del distrito de Massachusetts en julio de 2011, que acusaba a Swartz de fraude informático y electrónico y robo de información. Según la fiscal, Swartz había aprovechado la red abierta que ofrece el MIT a sus visitantes para hackear JSTOR y los servidores del instituto, lo que le podía llevar a enfrentar hasta 35 años de cárcel y más de un millón de dólares en multas.
JSTOR declinó ser parte de la demanda, pues había resuelto la disputa inicial con Swartz meses atrás, cuando este se había comprometido a devolver la información sustraída. La acusación tampoco parecía muy sólida: Swartz se había conectado a la red pública del MIT y escribió un programa para automatizar las descargas, algo que no violaba los términos y condiciones de JSTOR. Ni siquiera había borrado sus huellas: siempre se conectaba desde el mismo lugar, lo que permitió que fuera descubierto por una cámara de seguridad. No esperaba que el MIT actuase contra él al no considerar que estuviera haciendo nada malo.
Swartz había firmado en 2008 el influyente Guerrilla Open Access Manifesto, o Manifiesto de la Guerrilla por el Acceso Abierto, junto con otros activistas digitales. Este documento animaba a los internautas con acceso a repositorios académicos a descargar, archivar y compartir la mayor cantidad posible de material. Consecuente con sus ideas, Swartz se negó a llegar a un acuerdo con la fiscal y se declaró inocente. “No hay justicia al cumplir leyes injustas. Es hora de salir a la luz y, siguiendo la tradición de la desobediencia civil, oponernos a este robo privado de la cultura pública”, reza el documento.
Sin embargo, dos años después de su arresto, pocas semanas antes de su juicio y dos días después de que la fiscal rechazase un acuerdo que evitaría la pena de cárcel, Aaron Swartz se suicidó. El estrés y la incertidumbre causados por casi dos años de proceso legal, los apuros financieros derivados y la convalecencia de su madre enferma acabaron siendo demasiado. Cientos de usuarios de internet expresaron sus condolencias y su dolor ante lo que consideraban una muerte inducida por la dureza del sistema judicial estadounidense, que persiguió un supuesto delito informático por el cual Swartz ni siquiera se lucraba.
Swartz, hasta entonces solo conocido en los círculos de ciberactivistas estadounidenses, se hizo famoso en el mundo entero. Decenas de miles de personas leyeron su historia y compartieron indignadas su manifiesto, que se viralizó. En señal de protesta, el grupo Anonymous hackeó los servidores del MIT, mientras cientos de investigadores, doctorandos y profesores universitarios subían a la web miles de PDF de artículos académicos para expresar su duelo y su solidaridad. Swartz se convirtió en un héroe y el primer mártir del acceso abierto, y su muerte contribuyó a abrir el debate sobre lo inaccesible del conocimiento científico y el millonario negocio detrás el sistema de publicaciones académicas.
La geopolítica de los papers
Filosofía, medicina, biología, matemáticas, física, historia… Casi todas las disciplinas académicas comparten estándares para publicar sus investigaciones. El formato principal son los artículos o papers en revistas académicas, además de libros y presentaciones en conferencias. Las revistas se especializan en campos o subdisciplinas, pero también las hay más generales como la prestigiosa Science. En todo caso, las distingue su publicación entre una y cuatro veces al año y su proceso de selección y revisión por pares como garantía de calidad. Suelen contener artículos recientes, reseñas bibliográficas y notas críticas. Son, al final, el medio de comunicación entre investigadores para estar al día de novedades y debates.
Las revistas académicas tienen cuatro funciones. Primero, publican investigaciones con la autoría formal de sus datos, ideas y argumentos. La segunda es divulgar la información al público objetivo: académicos, especialistas y estudiantes. Eso implica que la revista debe ser accesible en bibliotecas e indexada en repositorios como JSTOR. Además, las publicaciones ofrecen reseñas, ensayos bibliográficos e intercambios entre autores para guiar a sus lectores. En tercer lugar, ofrecen un control de calidad, con especialistas a menudo externos para revisar los artículos y recomendar cambios o si se debe publicar o no. Por último, las revistas sirven de archivo, ya que preservan una versión del artículo que puede ser consultada y citada mediante una referencia formal, un número DOI o la inclusión en índices académicos.
Pero no todas las revistas tienen la misma calidad y prestigio. En el último medio siglo han surgido decenas de miles en todo el mundo y cada año se publican más de dos millones y medio de artículos, 50.000 tan solo en España. Existen cientos de revistas de cada disciplina y la información nueva es tanta que es casi imposible estar actualizado. Para decidir cuáles valen la pena y pagar una suscripción para leerlas si es necesario, las universidades y bibliotecas recurren a la bibliometría. Esta ciencia evalúa y mide la calidad e impacto de las publicaciones académicas con datos e indicadores. El principal es el número de citas. En general, los artículos de humanidades reciben menos citas que los de ciencias naturales porque suelen tener un solo autor, a diferencia de los equipos de investigación científicos. También está la indexación en repositorios bibliográficos y bases de datos: si una revista no está indexada, es como si no existiera.
Uno de los índices más extendidos es el factor de impacto. Desde mediados de los años setenta, este índice evalúa la calidad de las revistas según el número de citas que reciben en un tiempo determinado. El equivalente para los autores es el índice H. Las universidades los usan para decidir suscribirse a una revista o contratar a un investigador. Puede parecer trivial, pero el factor de impacto es una batalla fundamental en la producción de conocimiento científico. Supone un elemento de prestigio —los mejores de cada campo apuntan a las mejores revistas— y es crucial para la financiación. Las bibliotecas universitarias y los centros de investigación se suscribirán a las revistas que consideren más útiles e interesantes.
Sin embargo, el factor de impacto e indicadores similares no están libres de controversia. De entrada, son calculados por empresas privadas y editoriales con un foco anglocéntrico. Muchas publicaciones de universidades o editoriales en África, Asia o Iberoamérica quedan fuera del análisis de citas al estar en otros idiomas. Además, estos indicadores son susceptibles al abuso y la manipulación. Aunque en los últimos años han surgido las métricas alternativas, la industria académica compuesta por instituciones educativas y financiadores en Europa y América aún se guían por distintas variaciones del factor de impacto. Esto beneficia a las grandes editoriales, que poseen la mayoría de las revistas, y perjudica a las publicaciones fuera de la esfera angloparlante. Pero poco a poco surgen críticas a nivel institucional.
Un negocio rentable para grandes empresas
El acceso a las revistas académicas no es barato. La suscripción individual a la edición digital de Potato Research, que publica unos cuarenta artículos al año, cuesta noventa euros. Acceder a su competencia, el American Journal of Potato Research, vale lo mismo. Ambas pertenecen a la editorial alemana Springer, cuyos ingresos anuales rondan los seiscientos millones de euros, si bien en 2019 declaró pérdidas de 170 millones. Otras revistas, como BBA Bioenergetics, del grupo Elsevier, cuestan más de 5.000 euros al año. Aunque desapercibidas fuera del sector, las publicaciones académicas son una industria con un margen de beneficio de entre un 20 y un 40%, frente a un 5% del sector editorial, y gran concentración empresarial.
Las cinco principales compañías del sector poseen más de la mitad de las revistas académicas. En química o psicología poseen el 70%. Suelen gestionar las revistas más prestigiosas —por factor de impacto— y a su vez más demandadas por las bibliotecas y universidades. Este modelo de negocio fue desarrollado en los años cincuenta y sesenta por el magnate británico Robert Maxwell, que vio su potencial. La concentración ha aumentado desde los años noventa, con muchas revistas independientes o gestionadas por pequeñas editoriales adquiridas por los grandes del sector. Todavía quedan editoriales universitarias, que en el Reino Unido y Estados Unidos se han adaptado al modelo de suscripción, o que España o Francia reciben financiación pública. En paralelo, algunos Estados han creado rankings e índices bibliométricos.
La producción de conocimiento es un reflejo de la geopolítica mundial. Tanto por el número de publicaciones como por su importancia y la de los departamentos universitarios. Hispanoamérica, con cuatro siglos de tradición universitaria, apenas cuenta en los rankings globales, que suelen elaborar instituciones angloparlantes. Según el índice Scimago, el país que más artículos anuales publica es Estados Unidos, seguido por China, Reino Unido, Alemania y Japón. El Banco Mundial ofrece datos ligeramente diferentes, con India como tercer productor. La principal lengua en la gran mayoría de disciplinas es el inglés, y sus revistas más prestigiosas tienden a estar controladas por un gran grupo empresarial. Es un mercado que mueve millones de euros al año: la demanda de clientes institucionales es permanente y los costes son irrisorios, pues la materia prima —artículos y revisiones editoriales— es gratuita.
En efecto, las revistas académicas no pagan a sus autores ni a sus editores. Es habitual en el sector y común a todas las disciplinas. Las editoriales solo pagan la maquetación, corrección ortotipográfica, distribución y marketing. Además, muchas revistas cobran a los autores, sobre todo en ciencias y medicina. Los costes de publicación suelen ser de 3.000 euros, pero pueden llegar a 7.000. Algunas revistas incluso exigen comisiones de entre cincuenta y 150 euros antes de que el artículo sea evaluado. Muchas comisiones están ligadas a la publicación en acceso abierto, algo fundamental para que la investigación tenga impacto y un requisito que muchas universidades exigen a sus investigadores. Las editoriales justifican estos gastos por su progresiva pérdida de ingresos, los costes de publicación y los servicios de edición y difusión que ofrecen. En todo caso, la tarifa de publicación es inasumible para investigadores sin apoyo institucional.
Las revistas, mientras tanto, pueden aumentar los precios de las suscripciones sin riesgos. Las universidades, instituciones públicas, think-tanks y bibliotecas no pueden permitirse perder acceso a su contenido. Los precios de estas revistas oscilan entre los cuatro y doscientos euros por artículo para particulares, lo cual excluye a la mayoría del público general y de los especialistas independientes. Para las universidades e instituciones educativas suponen una parte importante del presupuesto, y la suscripción por grupos de revistas solo aumenta los costes. Por ejemplo, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas gastó más de 300.000 euros en 2017 solo en suscripciones a revistas del grupo Elsevier. No obstante, en muchas ocasiones ni las instituciones ni las editoriales los hacen públicos.
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